La escena no ocurre en una sala de guerra, ni en una base militar, ni en una fábrica secreta de chips. Ocurre en algo mucho más vulgar y por eso más eficaz: una conversación pública sobre facturas de electricidad, permisos municipales, agua, ruido, empleos prometidos y barrios que no quieren despertarse con una mole de servidores al lado. Allí, en esa zona gris donde la política local se mezcla con la infraestructura tecnológica, OpenAI dice haber encontrado dos campañas de influencia probablemente originadas en China.
La acusación no es que un ejército invisible haya convencido a los estadounidenses de odiar los centros de datos. Eso sería cómodo, dramático y falso por exceso. La oposición existe por razones palpables: consumo energético, presión sobre redes eléctricas, uso intensivo de agua, escasa generación de empleo permanente, dudas sobre subsidios y una sensación creciente de que la nueva economía digital pide territorio, energía y silencio sin explicar demasiado qué devuelve. Lo que OpenAI describe es distinto. Según su reporte, ciertos operadores intentaron montarse sobre ese malestar real para empujarlo en una dirección útil a intereses externos.
El hallazgo llega en un momento sensible. Estados Unidos, China y Europa compiten por capacidad de cómputo como antes competían por petróleo, acero o rutas marítimas. La diferencia es que la nueva infraestructura no se ve como una refinería ni como una central eléctrica, aunque en la práctica empieza a comportarse como ambas: consume energía de manera constante, exige conexiones robustas, transforma precios locales y provoca resistencia vecinal. Cada nuevo campus de servidores deja de ser una decisión empresarial aislada y se convierte en un hecho político.
El dato central: OpenAI afirma que detectó dos grupos de cuentas de ChatGPT. Uno generaba imágenes y comentarios contra la construcción de centros de datos en Estados Unidos, con énfasis en el aumento de los costos eléctricos para familias comunes. El otro producía comentarios y caricaturas sobre aranceles y competencia tecnológica, con instrucciones para centrar la crítica en Donald Trump y evitar referencias al presidente chino Xi Jinping.
La operación que intentó parecer vecinal
El nombre asignado por OpenAI al primer grupo, “Data Center Bandwagon”, tiene algo de ironía interna. En el lenguaje de las operaciones de influencia, subirse al carro significa aprovechar una conversación que ya está en marcha. No hace falta inventar el incendio cuando alcanza con acercar un ventilador. La campaña, de acuerdo con la empresa, produjo publicaciones e imágenes para redes sociales que sugerían que los centros de datos vinculados al desarrollo de modelos avanzados estaban encareciendo la electricidad de los hogares estadounidenses.
Ese tipo de mensaje tiene una virtud táctica evidente: no necesita sonar extranjero. Puede presentarse como queja de vecino, como enojo de contribuyente o como cansancio de usuario que ve subir sus tarifas mientras las grandes tecnológicas anuncian inversiones colosales. La desinformación más efectiva rara vez nace como una mentira total. Suele apoyarse en un nervio auténtico, lo presiona y lo vuelve más inflamable.
OpenAI sostuvo que el grupo operaba probablemente desde China y que algunos usuarios formarían parte de un equipo de redes sociales de una empresa tecnológica privada con trabajos para clientes gubernamentales provinciales chinos. La atribución, sin embargo, exige precisión: la compañía no presentó una acusación directa contra el gobierno central chino. Esa diferencia importa. En seguridad digital, una insinuación mal calibrada puede convertirse en munición política antes de convertirse en conocimiento verificable.
El segundo grupo fue bautizado “Tech and Tariffs”. Su producción apuntaba a otra grieta: los aranceles y la competencia tecnológica internacional. Según el reporte, las cuentas usaron ChatGPT para redactar comentarios breves y generar caricaturas políticas contra las políticas comerciales estadounidenses. Algunas piezas retrataban a Trump como un actor imprudente en el escenario global. Lo revelador no era solo el contenido, sino la consigna: el material debía evitar a Xi Jinping y concentrar el golpe visual en el presidente estadounidense.
La operación, vista con frialdad, no parece brillante. Varias imágenes citadas por los investigadores y por medios especializados suenan demasiado literales, demasiado fabricadas, como si hubieran confundido propaganda con cartel de advertencia. Pero la torpeza estética no elimina la señal estratégica. El objetivo aparente no era ganar una elección ni cambiar una ley de inmediato. Era probar narrativas, medir fricción, ensayar cuentas, aprender qué tipo de malestar podía amplificarse sin levantar sospechas demasiado pronto.
Lectura operativa
El episodio muestra una transición importante: las campañas de influencia ya no necesitan grandes granjas de contenido para producir variaciones constantes de mensajes, imágenes y comentarios. Los modelos conversacionales reducen el costo de escribir en varios idiomas, adaptar tono, simular voces ciudadanas y fabricar piezas visuales de circulación rápida. Eso no garantiza impacto, pero vuelve más barato el ensayo.
También hay un detalle casi cómico, si el asunto no fuera serio: los operadores habrían usado tecnología estadounidense para atacar la infraestructura que sostiene la ventaja tecnológica estadounidense. La paradoja es perfecta para una época en la que la dependencia digital cruza fronteras incluso cuando los gobiernos hablan de soberanía, seguridad nacional y desacople. La herramienta que una potencia produce para acelerar su economía puede terminar, vía VPN y cuentas falsas, fabricando munición narrativa contra esa misma economía.
El flanco sensible: energía, tarifas y confianza local
La campaña habría fracasado si el tema no estuviera cargado de material inflamable. Los centros de datos se han convertido en una de las caras físicas de la revolución computacional. Durante años, la nube fue vendida como algo liviano, abstracto, casi atmosférico. Hoy vuelve al suelo con forma de galpones gigantescos, líneas de transmisión, sistemas de refrigeración, plantas de respaldo y acuerdos energéticos de difícil lectura para el ciudadano común.
La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico global de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030 y acercarse a los 945 TWh. En Estados Unidos, el Departamento de Energía y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley informaron que estas instalaciones consumieron cerca del 4,4% de la electricidad total del país en 2023, con una proyección que podría ubicarlas entre el 6,7% y el 12% hacia 2028. No son cifras marginales. Tampoco significan, por sí solas, una catástrofe inevitable. Lo que revelan es una presión estructural que llega más rápido que la conversación pública necesaria para administrarla.
Las encuestas explican por qué ese flanco es tan aprovechable. Gallup registró en mayo de 2026 que siete de cada diez adultos estadounidenses se oponen a que se construya un centro de datos de este tipo en su área. Reuters e Ipsos encontraron en junio que solo un tercio aprueba el ritmo acelerado de construcción y que el 77% teme que esta expansión encarezca la electricidad. Para cualquier operador de influencia, ese clima es una autopista: no hace falta convencer desde cero, alcanza con poner el mensaje correcto delante de una audiencia ya predispuesta a sospechar.
La incomodidad pública no surge de una fantasía antitecnológica. Muchos proyectos llegan a municipios que no poseen equipos técnicos capaces de auditar promesas de inversión, impactos energéticos, uso de agua o beneficios fiscales. En algunas comunidades, los vecinos se enteran tarde, los documentos aparecen fragmentados y los desarrolladores hablan en un idioma corporativo que suena menos a explicación que a trámite. Ese vacío informativo es el lugar exacto donde una campaña encubierta puede esconderse detrás de preocupaciones legítimas.
La infraestructura digital tiene otro problema político: promete futuro, pero pide sacrificios presentes. Los beneficios suelen narrarse en escala nacional, liderazgo tecnológico, crecimiento económico, competencia con China, productividad. Los costos se sienten en escala local, facturas, ruido, obras, tránsito, tensión sobre la red, paisaje alterado. Esa asimetría no la inventó ningún adversario externo. La explotan porque ya existe.
Lo que el informe no demuestra
El reporte de OpenAI no prueba que la oposición estadounidense a los centros de datos sea una creación extranjera. Tampoco permite reducir toda crítica a propaganda. La evidencia disponible apunta a campañas pequeñas, de bajo alcance y sin señales de haber modificado de manera significativa la opinión pública. Confundir interferencia oportunista con origen del malestar sería un error analítico y una comodidad política.
CyberScoop señaló un elemento útil para dimensionar el caso: OpenAI habría ubicado estas campañas en niveles bajos de la escala Bookings, una herramienta usada para medir si una operación de influencia queda encerrada en su propio circuito o logra saltar hacia audiencias reales, medios masivos o decisiones concretas. La diferencia es crucial. Una cosa es publicar contenido. Otra, mucho más difícil, es lograr que ese contenido sea creído, compartido y convertido en presión social efectiva.
La historia reciente está llena de campañas que produjeron toneladas de material y casi ningún efecto. Internet tolera el ruido con una indiferencia brutal. La sobreproducción no garantiza influencia. A veces solo genera basura con buena iluminación. Sin embargo, el bajo rendimiento de una operación no la vuelve irrelevante. En inteligencia, un ensayo fallido puede ser más valioso como indicador de intención que como amenaza inmediata.
La señal que importa no fue el alcance, sino el ensayo
El punto más inquietante del caso no es que estas cuentas hayan cambiado la conversación estadounidense. Según OpenAI, no lo hicieron. La señal de fondo es que operadores probablemente vinculados a China estarían probando cómo intervenir en una discusión que definirá la capacidad tecnológica de Estados Unidos durante la próxima década. La infraestructura computacional dejó de ser un asunto de empresas y pasó a integrar el tablero de poder nacional.
Ese tablero ya venía cargado. Washington restringe el acceso chino a chips avanzados, promueve inversiones internas, acelera permisos para infraestructura estratégica y presenta la carrera tecnológica como una competencia geopolítica directa. Beijing, a su vez, desarrolla modelos propios, fortalece su ecosistema de código abierto, invierte en semiconductores nacionales y explora maneras de reducir dependencias. En ese contexto, debilitar el consenso social alrededor de los centros de datos estadounidenses puede ser tan útil como obtener una ventaja técnica. No reemplaza al hardware, pero puede retrasar su despliegue.
La operación también muestra un cambio en la naturaleza de la propaganda. El viejo modelo buscaba imponer una narración centralizada. El nuevo parece más oportunista, más granular y más barato: detectar una tensión local, generar material en segundos, probar variaciones, observar si alguna prende. La unidad mínima ya no es el manifiesto, sino el comentario plausible. No el gran discurso, sino la publicación que parece escrita por alguien que vive a tres cuadras del proyecto.
Este giro crea una dificultad adicional para periodistas, plataformas y gobiernos. Si una preocupación es auténtica, pero una red encubierta intenta amplificarla, la respuesta no puede ser deslegitimar la preocupación. Eso solo alimenta el resentimiento que la campaña quiere explotar. La tarea más difícil consiste en separar causa real, amplificación artificial e instrumentalización política sin convertir cada sospecha en caza de brujas.
WIRED, en una nota posterior, subrayó justamente ese matiz: varios expertos consultados sostienen que la oposición a los centros de datos está liderada por actores domésticos y que no hay evidencia suficiente de una campaña extranjera organizada a gran escala detrás del movimiento. Graphika, dedicada al análisis de redes sociales, indicó que no había visto señales de una operación extranjera amplia y coordinada dominando esa conversación. Esa advertencia es saludable. En temas tan sensibles, el exceso de atribución puede ser tan dañino como la ingenuidad.
China no necesita fabricar cada grieta estadounidense para beneficiarse de ellas. Le alcanza con observarlas, mapearlas y, cuando resulta conveniente, empujar suavemente. Estados Unidos, por su parte, no resolverá el problema señalando al exterior cada vez que una comunidad rechace una obra. Si las empresas quieren centros de datos, deberán ofrecer contratos transparentes, energía verificable, beneficios locales creíbles y respuestas menos arrogantes. La seguridad nacional no puede ser una contraseña para saltarse la conversación pública.
El episodio deja una imagen incómoda: la próxima fase de la competencia tecnológica no se jugará solo en laboratorios, bolsas de chips, patentes o modelos cada vez más capaces. También se disputará en audiencias municipales, grupos de Facebook, encuestas barriales y peleas por tarifas eléctricas. La infraestructura que sostiene el futuro necesita tierra, agua, energía y legitimidad. Las tres primeras pueden comprarse. La última no. Y justo ahí, en esa zona donde la técnica se vuelve confianza, los operadores en la sombra ya empezaron a mirar.
Referencias
OpenAI, “PRC-linked influence operations are targeting AI debates in the US”, junio de 2026.
WIRED, “China Didn’t Make Americans Hate Data Centers”, junio de 2026.
Gallup, “Americans Oppose AI Data Centers in Their Area”, 13 de mayo de 2026.
International Energy Agency, “Energy demand from AI”, Energy and AI report.



