La administración Trump está finalizando una iniciativa administrativa de gran alcance con el objetivo de consolidar la autoridad federal sobre la política tecnológica de Estados Unidos. Según borradores del documento revisados por diversas fuentes en Washington, la Casa Blanca se prepara para emitir una orden ejecutiva que establecería un marco regulatorio unificado para la inteligencia artificial, reemplazando el actual sistema descentralizado de leyes estatales. Esta acción representa un cambio estratégico en el enfoque de la administración hacia la gobernanza tecnológica, optando por la vía ejecutiva tras los desafíos encontrados en el ámbito legislativo para aprobar una norma de preempción nacional. El propósito central de la medida es eliminar las barreras normativas entre estados para facilitar un mercado digital integrado, lo cual se considera esencial para mantener la competitividad de las empresas estadounidenses en el escenario global.
La estrategia delineada en el borrador se basa en la premisa de que la diversidad de regulaciones estatales crea ineficiencias económicas y obstáculos operativos para las empresas de tecnología que operan a escala nacional. Para abordar esta situación, la administración propone utilizar dos mecanismos principales de la rama ejecutiva: la revisión judicial sistemática de las leyes estatales a través del Departamento de Justicia y la alineación de los incentivos financieros federales gestionados por el Departamento de Comercio. El objetivo es armonizar las políticas en todo el territorio, afectando particularmente a estados con agendas regulatorias activas como California y Colorado, cuyas normativas sobre seguridad y no discriminación en IA son vistas por el gobierno federal como divergentes del interés nacional de promover una innovación acelerada.
Contexto legislativo: El proceso de la H.R. 1
Para analizar adecuadamente el alcance de esta orden ejecutiva, es necesario examinar el contexto legislativo reciente. La medida administrativa surge tras el debate parlamentario sobre la ley H.R. 1, conocida en el ámbito político como la "One Big Beautiful Bill Act". Este paquete legislativo ómnibus, diseñado para ser aprobado mediante el proceso de reconciliación presupuestaria, incluía una disposición específica dirigida a la política tecnológica: una moratoria federal de 10 años sobre nuevas regulaciones estatales o locales relacionadas con la inteligencia artificial. La inclusión de esta cláusula respondía a la demanda de diversos sectores industriales de obtener certeza jurídica y evitar la fragmentación del mercado interno.
Durante el trámite en el Senado, la propuesta de moratoria generó un debate constitucional y político significativo. Legisladores de ambos partidos expresaron reservas sobre el impacto de una prohibición federal tan amplia en las facultades de policía tradicionales de los estados. Finalmente, la cláusula fue retirada del proyecto de ley tras una votación de 99 a 1, lo que indicó un consenso legislativo a favor de mantener, por el momento, la autoridad regulatoria compartida. Ante este resultado, la administración ha reorientado sus esfuerzos hacia las herramientas administrativas disponibles bajo la autoridad presidencial existente. La orden ejecutiva se plantea, por tanto, como un mecanismo alternativo para alcanzar los objetivos de unificación regulatoria que no se materializaron a través de la legislación del Congreso.
Mecanismo legal: La Fuerza de Tarea de Litigios de IA
El primer componente operativo de la orden ejecutiva es la instrucción al Fiscal General para constituir una Fuerza de Tarea de Litigios de IA (AI Litigation Task Force) dentro del Departamento de Justicia. La función de este grupo especializado será realizar un análisis jurídico exhaustivo de las leyes estatales y locales, tanto vigentes como en proyecto, que regulen el desarrollo o uso de la inteligencia artificial. El mandato de la fuerza de tarea es identificar aquellas normativas que puedan entrar en conflicto con la política federal o que impongan cargas indebidas al comercio interestatal.
La base legal para las acciones de este grupo se fundamenta en la interpretación de la Cláusula de Comercio de la Constitución de los Estados Unidos. La administración sostiene que los servicios de IA y los productos digitales operan inherentemente en un mercado nacional sin fronteras físicas definidas. En consecuencia, argumentan que las regulaciones estatales que imponen requisitos técnicos específicos tienen un efecto extraterritorial, obligando a las empresas a adaptar sus productos nacionales a los estándares de un solo estado. El Departamento de Justicia utilizaría este argumento para cuestionar la validez de dichas leyes estatales en los tribunales federales, buscando sentencias que afirmen la primacía de la regulación federal en materia de comercio digital interestatal.
Mecanismo financiero: Infraestructura y el programa BEAD
El segundo componente de la estrategia vincula la política regulatoria de IA con la distribución de fondos federales para infraestructura. La orden instruye al Departamento de Comercio, en coordinación con la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), a llevar a cabo una evaluación de 90 días sobre el panorama regulatorio estatal. Un aspecto central de esta revisión es la elegibilidad de los estados para participar en el programa BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment).
El programa BEAD, dotado con 42.500 millones de dólares, es una iniciativa federal clave para expandir el acceso a internet de banda ancha en zonas rurales y áreas con servicios insuficientes. La orden ejecutiva plantea la posibilidad de condicionar la recepción de estos fondos al cumplimiento de ciertos criterios de política tecnológica, específicamente la alineación con las directrices federales de desregulación en IA. La administración argumenta que la inversión en infraestructura de banda ancha debe ir acompañada de un entorno regulatorio que favorezca el despliegue y uso de tecnologías avanzadas. Esta vinculación crea un incentivo financiero significativo para que los estados reconsideren la implementación de regulaciones locales que podrían ser clasificadas por el gobierno federal como obstáculos a la innovación.
Esta política de condicionalidad plantea decisiones estratégicas para los gobiernos estatales. Los líderes locales deberán evaluar el equilibrio entre sus objetivos regulatorios específicos en materia de tecnología y la necesidad de asegurar financiación federal para proyectos de conectividad crítica. La medida afecta a una amplia gama de estados, independientemente de su afiliación política, dado que la necesidad de mejorar la infraestructura de banda ancha es una prioridad compartida en todo el país.
⚠️ Interpretación regulatoria de la infraestructura
Un elemento doctrinal relevante en esta estrategia es la propuesta de redefinir legalmente el estatus de los modelos de IA. Funcionarios de la FCC, incluyendo al comisionado Brendan Carr, han sugerido interpretar las leyes de comunicaciones vigentes para clasificar a los modelos de IA fundacionales como componentes de la "infraestructura moderna" de Estados Unidos. Esta clasificación los situaría en una categoría legal similar a las redes de telecomunicaciones físicas. Bajo esta interpretación, la FCC podría tener una base legal más sólida para ejercer la preempción sobre las leyes estatales que interfieran con la operación de dicha infraestructura, argumentando que la regulación de redes de comunicación esenciales es una competencia federal exclusiva.
Impacto en regulaciones estatales específicas
La implementación de esta orden tendría efectos directos sobre el marco legal de estados que han sido activos en la regulación tecnológica. California es un foco principal de atención debido a su peso en la economía digital. Aunque el gobernador Gavin Newsom vetó el proyecto SB 1047, que proponía protocolos de seguridad obligatorios para modelos grandes, la legislatura estatal mantiene en agenda otras iniciativas, como la SB 53, orientadas a la transparencia y la gestión de riesgos. La administración federal considera que permitir que California establezca estándares de facto para el resto del país fragmentaría el mercado y podría colocar a las empresas estadounidenses en desventaja competitiva frente a desarrolladores internacionales que operan en jurisdicciones con normativas unificadas.
En el caso de Colorado, la Ley de Inteligencia Artificial aprobada en 2024 establece obligaciones para prevenir la discriminación algorítmica en sectores críticos como el empleo y la vivienda. La visión de la administración Trump es que la protección contra la discriminación debe gestionarse a través de la aplicación de las leyes federales de derechos civiles existentes, en lugar de crear regímenes de cumplimiento específicos para la IA estado por estado. El argumento federal es que la multiplicidad de requisitos de auditoría y reporte genera costos de cumplimiento que reducen la eficiencia del mercado y desincentivan la adopción de tecnologías que podrían mejorar la productividad.
Análisis para el ecosistema empresarial
Consistencia normativa: Desde la perspectiva empresarial, la iniciativa federal ofrece el beneficio potencial de una mayor consistencia normativa. Un estándar nacional único simplificaría los procesos de desarrollo de productos y reduciría los costos asociados a la gestión de múltiples marcos legales. Esto es particularmente relevante para las startups y empresas medianas que buscan escalar sus operaciones a nivel nacional sin enfrentar barreras burocráticas divergentes en cada jurisdicción.
Estabilidad jurídica: Por otro lado, la utilización de una orden ejecutiva en lugar de legislación estatutaria conlleva riesgos inherentes de estabilidad. Las acciones ejecutivas pueden ser objeto de litigios inmediatos por parte de los estados afectados, lo que podría resultar en un periodo de incertidumbre jurídica mientras los tribunales resuelven las disputas sobre la autoridad federal. La industria podría enfrentarse a un escenario en el que la vigencia de las normas depende de decisiones judiciales provisionales.
Consideraciones sobre el federalismo
La estrategia de la administración aborda cuestiones centrales del federalismo estadounidense. La Constitución establece un sistema de soberanía compartida donde los estados retienen poderes generales de policía para proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos. La intervención federal para limitar estas competencias en el ámbito de la tecnología plantea un debate constitucional sobre el alcance de la Cláusula de Comercio y la Décima Enmienda. Los defensores de la autoridad estatal argumentan que la regulación de riesgos para el consumidor es una función tradicional de los estados que no debe ser desplazada sin una clara autorización del Congreso.
Simultáneamente, existe un debate sobre el equilibrio entre regulación e innovación. Defensores de un enfoque de mercado libre argumentan que la intervención gubernamental excesiva, especialmente a nivel subnacional, puede sofocar el desarrollo tecnológico. Por el contrario, grupos de la sociedad civil sostienen que la ausencia de regulación estatal, combinada con una postura federal de mínima intervención, podría dejar vacíos en la protección del consumidor y los derechos civiles frente a los riesgos automatizados. La administración posiciona su enfoque como necesario para asegurar un entorno pro-innovación que beneficie a la economía nacional en su conjunto.
Justificación económica y estratégica
✅ Competitividad y liderazgo global
La justificación principal de la administración para esta centralización es la competitividad estratégica. En un contexto global donde otras naciones están avanzando rápidamente en el desarrollo de IA bajo sistemas centralizados, la Casa Blanca considera que la fragmentación regulatoria interna es una desventaja estructural. La unificación de normas se presenta como un paso necesario para maximizar la eficiencia económica, atraer inversión de capital y asegurar que Estados Unidos mantenga su posición de liderazgo en la definición de la próxima generación de tecnologías digitales.
En conclusión, la orden ejecutiva en preparación representa un esfuerzo significativo por parte de la administración federal para redefinir la gobernanza de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Al combinar herramientas legales y financieras, la Casa Blanca busca superar el estancamiento legislativo y establecer un marco nacional coherente. El éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de su capacidad para resistir desafíos legales en los tribunales y de la respuesta política de los estados ante la condicionalidad de los fondos de infraestructura. Este desarrollo subraya la creciente importancia de la política tecnológica como un componente central de la política económica y federal en el siglo XXI.
Referencias
The Verge. "Trump executive order to block state AI laws". Información sobre el borrador de la orden ejecutiva y los planes del Departamento de Justicia. (Noviembre, 2025).
The Washington Post. "White House drafts order directing Justice Department to sue states that pass AI regulations". Reportaje sobre la estrategia legal de la administración y fuentes internas. (Noviembre, 2025).
Politico. Cobertura de las declaraciones del comisionado de la FCC Brendan Carr sobre la regulación de infraestructura digital. (2025).
Global Policy Watch. "White House Drafts Executive Order to Preempt State AI Laws". Análisis técnico sobre la preempción federal y los fondos BEAD. (2025).
TechPolicy.Press. "White House Circulates Draft Executive Order Targeting State AI Laws". Contexto sobre el proceso legislativo de la ley H.R. 1. (2025).
Quarles & Brady LLP. "No AI Moratorium for Now, but What Comes Next?". Resumen legal de la votación del Senado sobre la moratoria de IA. (2025).
