El escándalo judicial que expuso el uso oculto de gafas conectadas

La escena duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para dejar una marca en el expediente y otra en la imaginación de cualquier abogado que litigue en los próximos años. En una sala de la High Court, en Londres, el empresario lituano Laimonas Jakstys comenzó a responder con pausas extrañas. No era la vacilación normal de quien calcula una frase bajo presión. Había un compás artificial, un pequeño retraso, una respiración de más antes de cada contestación. La abogada Sarah Walker advirtió que algo no encajaba y dijo oír interferencias alrededor del testigo. El intérprete, según la reconstrucción posterior, percibió lo mismo. Entonces apareció el detalle decisivo: las gafas.

El caso no trataba sobre tecnología, ni sobre plataformas, ni sobre asistentes conversacionales. Era un litigio mercantil e insolvencial en apariencia clásico, con una disputa por el control de Oneta Limited, una sociedad vinculada a activos inmobiliarios en Londres y Kent. La pelea giraba alrededor de documentos, promesas de inversión, transferencias societarias y una transacción firmada en Lituania cuya autenticidad fue ferozmente discutida. Precisamente por eso la credibilidad importaba tanto. No era un decorado del proceso. Era el centro.

Un murmullo en la sala

La sentencia, resumida por publicaciones jurídicas británicas y despachos que participaron en el asunto, describe un episodio impropio de una ficción legal bien escrita. Agnello KC observó desde el inicio esas pausas llamativas. Walker denunció ruido o interferencia. El juez ordenó que el declarante se quitara las gafas. Poco después, mientras el intérprete traducía una pregunta, el teléfono móvil del empresario empezó a emitir en voz alta la voz de otra persona. Ya no quedaban demasiadas coartadas posibles. Había alguien al otro lado.

Lo que vino después empeoró el cuadro. Jakstys negó que estuviera usando las gafas para recibir respuestas y negó también que el dispositivo estuviera enlazado al móvil. Los registros del teléfono, sin embargo, mostraban llamadas realizadas y recibidas con un contacto guardado bajo un nombre tan discreto como revelador: “abra kadabra”. Una de esas comunicaciones había ocurrido justo antes de que prestara juramento. Preguntado por la identidad de ese contacto, dijo que era un taxista. Más tarde, cuando el móvil sonó sin las gafas puestas, ofreció una explicación todavía más endeble: creyó que era ChatGPT.

El juez no compró nada. Según la reconstrucción periodística basada en la resolución, el testigo empezó a trabarse mucho más una vez privado de las gafas. Tardaba, pedía repetir preguntas, alegaba no entender. Para Agnello KC, el problema no era de idioma ni de estrés, sino de dependencia repentina de un canal externo que ya no estaba disponible. El tribunal concluyó que había sido aleccionado en tiempo real y que había mentido sobre ese mecanismo. Esa combinación resultó letal. La evidencia de Jakstys fue descartada por completo.

Ese hallazgo no fue un color lateral del juicio. Ayudó a inclinar una causa en la que también estaba en discusión si un acuerdo había sido fabricado a partir de una firma auténtica colocada sobre una hoja en blanco. La perito documental había detectado inconsistencias en el papel, la alineación y los agujeros de grapado. Pero el juez prefirió la versión de Prusinskis y de otros testigos a la lectura aislada del laboratorio. En ese contexto, el descrédito de Jakstys pesó mucho. Una vez derrumbada su fiabilidad, el tribunal consideró verosímil la historia del acuerdo improvisado en hojas recortadas, con claves reales de Companies House incluidas en el texto. El litigio, que parecía encaminado a un duelo técnico entre peritos, terminó resolviéndose también por un viejo factor judicial: quién dijo la verdad y quién intentó doblarla.

La prueba ya no entra solo por la boca

Lo notable del episodio londinense es que no responde al modelo habitual de trampa en sala. No hubo un papel doblado en el bolsillo, ni un mensaje abierto sobre la mesa, ni un ayudante haciendo señas desde el fondo. Lo que apareció fue una infraestructura casi invisible. Las nuevas gafas conectadas permiten sacar fotos, grabar video, escuchar audio abierto, activar asistentes por voz, procesar lo que el usuario está viendo y, en algunos modelos, sostener intercambios casi continuos con una capa de software que acompaña cada gesto. Meta, por ejemplo, convirtió sus Ray Ban Meta en un dispositivo con cámara de 12 megapíxeles, micrófonos múltiples y asistente conversacional activado por voz. A fines de 2024 añadió funciones de video y traducción en tiempo real. La frontera entre accesorio y terminal ya es, en la práctica, decorativa.

Ese cambio vuelve obsoletos varios supuestos del ritual judicial. Un tribunal puede ordenar que nadie toque el teléfono mientras se declara. Puede retirar un auricular visible. Puede prohibir la grabación. Lo que le cuesta mucho más es detectar una conversación susurrada a través de un objeto que, hasta hace un instante, parecía tan inofensivo como un par de lentes recetados. El fraude se vuelve menos cinematográfico y más banal. Ya no necesita una maniobra compleja, solo un dispositivo de consumo, una llamada activa y un usuario dispuesto a sostener la ficción durante algunos minutos.

La inquietud ya rebasó Londres. En febrero de 2026, durante un juicio en Los Ángeles en el que declaró Mark Zuckerberg, la jueza Carolyn Kuhl ordenó retirar de la sala las gafas inteligentes de Meta que llevaba parte del entorno del empresario y advirtió que cualquier grabación debía eliminarse de inmediato o podría haber desacato. La preocupación allí no pasaba por el coaching de un testigo, sino por la capacidad de registrar video y por la posibilidad, al menos teórica, de usar funciones de reconocimiento o captura en un ámbito altamente sensible. El punto en común entre ambos episodios es contundente: los tribunales están empezando a descubrir que el problema no entra ya por la computadora portátil, sino por la cara.

Porque la historia de Jakstys no está sola. En junio de 2025, la presidenta de la King’s Bench Division, Dame Victoria Sharp, y Mr Justice Johnson publicaron una resolución que funcionó como campanazo para la profesión jurídica inglesa. El tribunal examinó dos expedientes en los que se habían presentado materiales contaminados por herramientas generativas. En Ayinde v London Borough of Haringey aparecieron cinco casos inexistentes. En Al Haroun v Qatar National Bank, una auxiliar judicial detectó cuarenta y cinco citas, de las cuales dieciocho remitían a autoridades que no existían. El resto, en muchos tramos, tampoco decía lo que las partes les atribuían. El problema ya no era experimental. Era documental, cuantificable y bastante embarazoso.

Sharp fue clara. La High Court advirtió que el uso descuidado de estos sistemas podía dar lugar a desacato, sanciones severas e incluso, en los casos más graves, a una derivación penal por interferir con la administración de justicia. Lo importante allí no era solo la reprensión a dos litigantes o a sus abogados. Era la admisión institucional de que los modelos conversacionales habían dejado de ser una curiosidad de escritorio para convertirse en una fuente real de contaminación procesal. Citas falsas por un lado, coaching encubierto por otro: dos puertas distintas para un mismo problema, la entrada de capas opacas de software en espacios donde la verificación siempre fue el combustible básico.

La reacción ya empezó

La judicatura de Inglaterra y Gales no llega del todo tarde, pero tampoco temprano. Publicó una primera guía sobre el uso de estas herramientas en 2023 y la actualizó en abril y octubre de 2025. El mensaje es sobrio y, en el fondo, bastante clásico: quien presenta material ante un tribunal sigue siendo responsable por su exactitud, aunque lo haya producido una máquina. La guía advierte sobre sesgos, errores de hecho, citas inventadas, análisis defectuosos y filtraciones de información sensible en plataformas públicas. También recuerda que los jueces son responsables por cualquier texto producido en su nombre y que las herramientas abiertas no son un método fiable para investigar el derecho ni para razonar asuntos complejos.

La evolución más significativa quizá no esté en las advertencias, sino en la burocracia que empieza a organizarse detrás de ellas. El Civil Justice Council puso en marcha un grupo de trabajo específico sobre el uso de estas herramientas para preparar escritos judiciales y abrió una consulta pública en 2026 sobre la necesidad de reglas nuevas para pleadings, witness statements y expert reports. El movimiento importa porque muestra un cambio de fase. El debate dejó de ser si estos sistemas podían usarse. La cuestión ahora es bajo qué condiciones y con qué controles se evitará que arruinen un expediente antes siquiera de llegar a audiencia.

Eso explica por qué el episodio causó tanto revuelo fuera del pequeño mundo de la insolvencia mercantil. La imagen de un testigo recibiendo respuestas a través de las gafas es, en sí misma, periodísticamente irresistible. Pero su interés real está en otra parte. Expone que la miniaturización ya tocó una de las liturgias más conservadoras del Estado. La sala de audiencias vive de los tiempos lentos, del silencio, de la secuencia pregunta, pausa, respuesta. Las gafas conectadas destruyen justamente esa lógica, porque introducen una segunda voz en el intervalo que antes pertenecía solo a la memoria, la estrategia o la mentira improvisada del declarante.

Lo que se vio en Londres, en rigor, fue la versión rudimentaria del problema. Allí parecía haber una persona al otro lado del teléfono. La siguiente iteración puede ser más simple y más difícil de probar: un asistente de voz integrado, una traducción automática que no solo traduzca sino sugiera, un sistema que resuma documentos del expediente y le susurre al usuario la mejor salida disponible. La tecnología de consumo avanza hacia la continuidad, no hacia la interrupción. Cada vez pide menos comandos, menos pantallas y menos gestos. Para un tribunal, eso equivale a lidiar con una fuente de influencia permanente que puede colarse en medio de la declaración con apariencia de accesorio óptico.

Por eso el caso de Jakstys vale más que su rareza. No se trata solo del empresario que fue descubierto con ayuda clandestina ni de la excusa casi cómica que atribuyó el audio a ChatGPT. Se trata del momento exacto en que la justicia oral, una de las tecnologías institucionales más antiguas que siguen en pie, chocó de frente con un objeto diseñado para borrar la distancia entre cuerpo, conexión y respuesta. El juez todavía pudo oír el ruido, ordenar que retiraran las gafas y cortar la maniobra. La próxima vez quizá no haya ruido alguno. Y ese detalle, más que cualquier titular ruidoso, es el que vuelve a este episodio verdaderamente importante.