Cómo Anthropic pasó de socio estratégico del Pentágono a amenaza nacional en 24 horas

A las 5:01 de la tarde del viernes 27 de febrero, el reloj venció. Anthropic, la firma de modelos generativos fundada en 2021 por ex investigadores de OpenAI, no cedió. El Departamento de Defensa había fijado esa hora como ultimátum: entregar control irrestricto sobre Claude, el asistente desarrollado por la compañía y, hasta ese momento, el único sistema de estas características integrado en las redes clasificadas del Pentágono, o perder el contrato. Anthropic no movió un milímetro. Minutos más tarde, Pete Hegseth, secretario del denominado Departamento de Guerra, publicó en X lo que muchos en Silicon Valley consideran una declaración de hostilidades sin precedentes en la relación entre el Estado federal y la industria tecnológica privada de los Estados Unidos.

La secuencia fue rápida y sin matices. El presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales el cese inmediato del uso de cualquier producto de Anthropic, aunque concedió a los organismos con operaciones en curso un período de transición de seis meses. Acto seguido llegó el decreto de Hegseth: de forma efectiva e inmediata, ningún contratista, proveedor o socio que haga negocios con el ejército de los Estados Unidos puede realizar actividad comercial alguna con Anthropic. La compañía pasó, en cuestión de horas, de ser un socio estratégico del aparato de seguridad nacional a quedar catalogada como amenaza a ese mismo aparato. La paradoja sería irónica si las consecuencias potenciales no fueran tan graves.

Un contrato de 200 millones y sus fisuras

El vínculo entre Anthropic y el Pentágono no fue siempre conflictivo. En julio de 2025, la empresa firmó con la Oficina Jefe de Digital e Inteligencia Artificial del Departamento de Defensa un acuerdo de prototipado por hasta 200 millones de dólares a dos años. El propósito declarado era desarrollar capacidades de frontera que reforzaran la seguridad nacional. Claude Gov, la versión del modelo adaptada específicamente para el sector de defensa e inteligencia, se convirtió entonces en el primer sistema de este tipo desplegado dentro de redes clasificadas del Pentágono: un hito real. Google, OpenAI y xAI operaban en entornos no clasificados y habían aceptado las condiciones del Departamento sin fricciones mayores.

Las tensiones, sin embargo, llevaban meses acumulándose en silencio. Según reportó Axios en febrero de 2026, citando fuentes cercanas a las negociaciones, el desacuerdo central giraba en torno a una cláusula que el Pentágono consideraba no negociable: Claude debía estar disponible para "todos los usos legales" dentro del entorno clasificado. En la práctica, eso significaba eliminar dos restricciones específicas que Anthropic había incorporado a los acuerdos de uso del modelo: la prohibición de emplearlo para vigilancia doméstica masiva y la de integrarlo en sistemas de armas completamente autónomos capaces de seleccionar y atacar blancos sin intervención humana. El Wall Street Journal reportó en enero de 2026 que el contrato estaba en riesgo. Para el 14 de febrero, el Departamento había elevado la amenaza a un nivel nuevo: designar a la empresa como riesgo para la cadena de suministro, lo que extendería las consecuencias bastante más allá de la relación bilateral.

Lo que hizo la empresa a continuación fue inusual para una compañía de su escala. Dario Amodei, fundador y director ejecutivo, publicó una declaración que no dejaba espacio para la ambigüedad. Anthropic estaba dispuesta a colaborar con el Departamento en inteligencia extranjera, contrainteligencia y operaciones legales en el exterior. Lo que no haría bajo ninguna circunstancia era entregar un producto que pudiera convertirse en herramienta de espionaje masivo sobre ciudadanos estadounidenses, o en componente de sistemas letales sin supervisión humana. La compañía propuso incluso trabajar directamente con el Departamento en investigación aplicada para mejorar la fiabilidad de estos sistemas antes de considerar cualquier despliegue en escenarios de alto riesgo. El Pentágono aceptó el encuentro con Amodei, pero no la condición de fondo.

Las dos líneas que no se negociaron

La primera de las restricciones que Anthropic se negó a levantar apunta a un debate que trasciende los contratos militares. La vigilancia doméstica mediante herramientas algorítmicas ocupa un lugar propio en la historia jurídica de los Estados Unidos: desde el programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional, expuesto por Edward Snowden en 2013, hasta las reformas a la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, el país ha debatido de manera intermitente los límites del poder estatal en la recolección de datos sobre sus propios ciudadanos. Amodei argumentó que las leyes vigentes van muy por detrás de las capacidades tecnológicas disponibles y que permitir que un modelo de lenguaje construya perfiles automáticos y exhaustivos de personas comunes entra en contradicción directa con las libertades democráticas fundamentales.

La segunda restricción tiene implicaciones aún más inmediatas. Los sistemas de armas completamente autónomos, conocidos en la jerga técnica como LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems), representan uno de los debates más álgidos del derecho internacional humanitario contemporáneo. Amodei fue explícito: los modelos disponibles en este momento no son suficientemente confiables para tomar decisiones letales de manera independiente. La probabilidad de error, en escenarios de alta presión e información incompleta, es lo suficientemente alta como para poner en riesgo tanto a soldados propios como a civiles. Sin los mecanismos de supervisión adecuados, que la empresa sostiene que aún no existen en la forma necesaria, entregar esa capacidad sin reservas equivaldría a una negligencia técnica con consecuencias irreversibles.

El Pentágono respondió con un argumento que tiene cierta lógica procedimental: la vigilancia doméstica masiva ya es ilegal bajo la legislación federal vigente, y las políticas internas del Departamento restringen el uso de sistemas autónomos letales. Emil Michael, director de tecnología del Departamento de Guerra, declaró a CBS News la noche previa al vencimiento del plazo que el Pentágono había hecho concesiones, ofreciendo reconocimientos escritos de las leyes y políticas que ya limitan esas prácticas. Anthropic rechazó la oferta. Un portavoz de la empresa explicó que el nuevo lenguaje contractual venía acompañado de "legalese que permitiría ignorar esas salvaguardas a voluntad."

La nube que todo lo sostiene

La designación como "riesgo para la cadena de suministro" no es solo una declaración política: es una herramienta jurídica con consecuencias estructurales. En su uso histórico, el gobierno federal ha recurrido a este mecanismo contra empresas vinculadas a potencias consideradas adversarias. Huawei Technologies y ZTE Corporation, ambas chinas, fueron las víctimas más notorias. Kaspersky Lab, firma rusa de ciberseguridad, fue removida de todos los sistemas gubernamentales en 2017. Aplicar la misma categoría a una empresa estadounidense, fundada por ciudadanos americanos y con sede en San Francisco, es algo para lo que no existe precedente directo. La novedad no es menor: Anthropic es la primera compañía doméstica en recibir esta etiqueta.

La amenaza real, no obstante, es de otra naturaleza. Anthropic no posee centros de datos propios. Su infraestructura descansa por entero sobre proveedores externos: Amazon Web Services es su socio principal de entrenamiento y nube, con una inversión comprometida de más de 4.000 millones de dólares en la firma; Google Cloud proporciona la mayor parte de la capacidad de inferencia a través de sus unidades de procesamiento tensorial (TPUs), en el marco de un acuerdo ampliado en octubre de 2025 que incluye acceso a hasta un millón de chips; Microsoft Azure incorporó los modelos de Claude a finales del mismo año. Los tres son, sin excepción, contratistas oficiales del Departamento de Defensa y beneficiarios del programa JWCC (Joint Warfighting Cloud Capability), el megacontrato de infraestructura en la nube adjudicado en diciembre de 2022 por un valor total de 9.000 millones de dólares.

Anthropic anunció que impugnará la designación ante los tribunales. En un comunicado publicado horas después del decreto de Hegseth, la empresa calificó la medida de "jurídicamente insostenible" y advirtió que sienta un "precedente peligroso para cualquier empresa americana que negocie con el gobierno." El argumento legal es técnico pero relevante: la autoridad del secretario de Defensa para aplicar una designación de riesgo en la cadena de suministro se limita, según la interpretación de Anthropic, a restringir el uso de la tecnología en contratos con el Pentágono, y no puede extenderse a impedir que terceros presten servicios genéricos de infraestructura a la empresa en capacidades comerciales completamente separadas. Si un juez federal comparte esa lectura, el decreto de Hegseth quedaría vaciado de su efecto más devastador.

Lo que ninguna resolución judicial podrá hacer, con independencia del resultado, es devolver la situación al estado previo al 27 de febrero. El conflicto ha puesto sobre la mesa una pregunta que la industria tecnológica venía eludiendo desde hace años con notable habilidad: ¿tienen las compañías privadas de sistemas generativos no solo el derecho, sino la responsabilidad de fijar límites sobre cómo sus productos son utilizados por los Estados que los contratan? Hegseth lo formuló en términos marciales: "Los guerreros de América nunca serán rehenes de los caprichos ideológicos de la Gran Tecnología." Amodei, en cambio, lo encuadró como una cuestión de responsabilidad técnica. No es ideología rechazar integrar en sistemas letales herramientas que, hoy por hoy, no son suficientemente confiables para ese uso. Es, simplemente, ingeniería.