Un sheriff tocó la puerta de Nathan Calvin mientras cenaba con su esposa en agosto pasado. El joven abogado de 29 años, asesor legal de Encode, una organización sin fines de lucro de apenas tres empleados dedicada a políticas tecnológicas, recibió un fajo grueso de papeles: una citación judicial firmada por el gigante detrás de ChatGPT. La escena se repitió en al menos otras seis ocasiones durante los últimos meses, golpeando las puertas de activistas, fundaciones y pequeños grupos de vigilancia que tienen algo en común. Todos criticaron públicamente la transformación corporativa de OpenAI. Y todos, según la compañía de Sam Altman, podrían estar secretamente financiados por Elon Musk, su némesis multimillonaria.
La acusación resulta tan absurda como reveladora. Varias de estas organizaciones han dedicado años a denunciar precisamente a Musk: desde campañas publicitarias pidiendo su despido cuando dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental hasta investigaciones sobre los deepfakes no consensuados tolerados por su plataforma xAI. Ekō, una entidad internacional comprometida con limitar el poder corporativo, llegó a colocar vallas publicitarias en Times Square retratando al magnate como un monarca despótico. Emma Ruby-Sachs, su directora ejecutiva, no pudo ocultar su incredulidad: «No recibimos ningún tipo de apoyo o financiamiento de Elon Musk y tenemos un historial de campañas contra él y sus intereses».
Las citaciones como arma de silenciamiento
La estrategia legal desplegada por la creadora de ChatGPT no responde al manual convencional del litigio corporativo. Las citaciones judiciales exigen información exhaustiva: identidad completa de todos los donantes, fechas y montos de contribuciones, comunicaciones privadas sobre la reestructuración corporativa de la firma tecnológica, intercambios con Musk, Meta y su fundador Mark Zuckerberg. La amplitud de estas solicitudes sorprendió incluso a observadores experimentados. Helen Toner, ex miembro de la junta directiva de la compañía y escéptica de algunas prácticas corporativas, calificó el enfoque como «deshonestidad y tácticas de intimidación».
El pretexto formal reside en el litigio entre Altman y Musk, una batalla legal que acusa a la empresa de abandonar su misión original filantrópica en favor de ganancias desmesuradas. Encode presentó un escrito amicus curiae apoyando algunos argumentos del magnate automovilístico. Pero seis de las siete organizaciones citadas no participaban en absoluto en ese proceso judicial antes de que OpenAI las arrastrara mediante documentos legales. Tyler Johnston, fundador de The Midas Project, un grupo de transparencia algorítmica, describió su experiencia: recibió un golpe en su puerta en Oklahoma con una demanda de «cada texto, correo electrónico y documento que, en el sentido más amplio permitido, se relacione con la gobernanza e inversores» de la corporación tecnológica.
Johnston agregó con sarcasmo: «Si simplemente hubieran preguntado si recibo fondos de Musk, habría estado feliz de darles un simple ‘hombre, desearía’ y terminar ahí». En cambio, solicitaron prácticamente una lista completa de periodistas, oficinas congresionales, organizaciones asociadas, exempleados y ciudadanos comunes con quienes había conversado sobre la transformación corporativa. La ironía no escapó a nadie: The Midas Project también publicó artículos críticos sobre xAI y apenas dos semanas antes de recibir la citación había firmado una carta exigiendo investigaciones sobre la tolerancia de esa firma hacia imágenes deepfake no consensuadas.
La ofensiva legal coincide con otro frente de confrontación: la SB 53 de California, legislación recién aprobada que obliga a las empresas desarrolladoras de modelos algorítmicos avanzados a revelar sus prácticas de mitigación de riesgos. Chris Lehane, director de Asuntos Globales de la compañía, manifestó públicamente su escepticismo antes de que la ley fuera sancionada. Lehane, veterano operador político que trabajó en la administración Clinton, ahora intenta moldear la política estadounidense según los intereses corporativos del gigante tecnológico. Recientemente ayudó a lanzar un comité de acción política con 100 millones de dólares diseñado específicamente para combatir legislación restrictiva sobre algoritmos automatizados.
Calvin, el abogado de Encode que recibió aquella citación durante la cena, acusó a la corporación de utilizar su disputa con Musk como pretexto para intimidar críticos e insinuar que el magnate sudafricano financia a todos ellos. Encode había patrocinado la SB 53 y trabajado activamente en su redacción. Según Calvin, la empresa intentó debilitar los requisitos del proyecto de ley proponiendo que compañías adheridas a acuerdos federales de seguridad o marcos internacionales se consideraran automáticamente conformes con las reglas californianas. Esta maniobra, argumentó, habría reducido significativamente el impacto de la legislación sobre los principales desarrolladores algorítmicos.
Jason Kwon, director de Estrategia de la firma, defendió las acciones como procedimientos rutinarios de litigación: «Cuando un tercero se inserta en un litigio activo, queda sujeto a procesos legales estándar. Emitimos citaciones para garantizar transparencia sobre su involucramiento y financiamiento». Algunos expertos legales expresaron dudas sobre esta justificación. Ray Seilie, litigante en Los Ángeles, señaló que las citaciones podrían haber sido mucho más exigentes si realmente pretendían intimidar, aunque reconoció que su amplitud resultaba inusual.
Disensiones internas y el coste reputacional
La controversia explotó en redes sociales cuando empleados de las organizaciones sin fines de lucro publicaron denuncias alegando que las citaciones constituyen tácticas legales agresivas que exceden largamente las acciones normales y frecuentemente resultan irrelevantes para el litigio con Musk. Las acusaciones, acompañadas de fotografías de varios documentos judiciales, provocaron algo extraordinario: empleados prominentes actuales y anteriores de la compañía criticaron públicamente sus acciones, conducta altamente inusual para una organización conocida por su hermetismo.
Joshua Achiam, jefe de Alineación de Misión de la empresa y subordinado directo de Altman, rompió el silencio institucional con un mensaje en redes sociales: «Con un posible riesgo para toda mi carrera diré: esto no parece correcto». Achiam está encargado de asegurar que la búsqueda corporativa de sistemas algorítmicos más inteligentes que los humanos beneficie a toda la humanidad. Continuó: «Tenemos un deber y una misión para toda la humanidad, y el estándar para perseguir ese deber es extraordinariamente alto. No podemos hacer cosas que nos conviertan en un poder aterrador en lugar de uno virtuoso».
El episodio representa un giro dramático para una organización que durante años fue percibida como el actor racional en el salvaje oeste de los algoritmos generativos. Su fundación como laboratorio de investigación sin fines de lucro en 2015 estuvo impulsada por preocupaciones sobre riesgos existenciales de la tecnología. Tan recientemente como 2023, Altman presionaba al Congreso por más regulaciones, advirtiendo que la tecnología creada por su firma y otras podría causar «daño significativo al mundo» si no se controlaba. Rumman Chowdhury, fundadora del grupo de gobernanza algorítmica Humane Intelligence, describió al ejecutivo como «el favorito de Washington. La administración Biden lo adoraba».
La transformación resulta vertiginosa. Catherine Bracy, fundadora de Tech Equity y participante en una llamada donde representantes corporativos sugirieron que grupos críticos estaban financiados por competidores, calificó la insinuación como «una manera realmente improductiva de comenzar la conversación y, como alguien que ha dedicado su carrera a la equidad tecnológica y la política progresista, un poco insultante». Agregó: «Basándome en mi interacción con la compañía, parecen muy paranoicos sobre Elon Musk y su papel en todo esto, y se me ha vuelto claro que eso está impulsando su estrategia».
La paradoja alcanza su máxima expresión con el Future of Life Institute, organización que efectivamente recibió 10 millones de dólares de Musk en 2021, fondos destinados a investigación técnica y política algorítmica. Un portavoz del instituto aclaró: «Elon no tiene ninguna participación en las actividades estructurales de FLI». Los recursos fueron distribuidos entre destacados investigadores, y un magnate tecnológico diferente proporcionó la dotación permanente del instituto.
Max Tegmark, presidente de FLI, recibió una citación personal a finales de agosto, mientras la organización fue citada a principios de octubre. «Asumimos que la citación tiene que ver con nuestro llamado general a mayor supervisión y transparencia sobre el desarrollo algorítmico avanzado y las empresas del sector en general, que actualmente no tienen regulación ni supervisión significativa», declaró el portavoz.
Robert Weissman, copresidente de Public Citizen, organización de defensa del consumidor no involucrada en el litigio actual y que aún no ha recibido citación, fue categórico sobre las intenciones: «Este comportamiento es altamente inusual. Está 100% destinado a intimidar. Es un intento de intimidar a críticos sin fines de lucro, enfriar el discurso y disuadirlos de alzar la voz». Calvin describió el episodio como «el período más estresante de mi vida profesional», aunque añadió que utiliza y obtiene valor de los productos de la compañía y que esta conduce y publica investigación sobre seguridad algorítmica «digna de elogio genuino».
El panorama presenta una corporación valorada en 157 mil millones de dólares en su última ronda de financiamiento, consolidándose como una de las firmas privadas más valiosas del planeta, enfrentando simultáneamente batallas legales con su cofundador original, presiones para completar su conversión a entidad con fines de lucro antes de que inversores puedan recuperar su capital, y ahora acusaciones de silenciar sistemáticamente voces críticas mediante instrumentos legales.
La situación ilustra los límites difusos entre defensa corporativa legítima y abuso de poder económico para ahogar disenso en una industria que promete transformar radicalmente la sociedad humana.
Referencias
- NBC News: OpenAI accused of using legal tactics to silence nonprofits
- Fortune: A 3-person policy nonprofit that worked on California’s AI safety law is publicly accusing OpenAI of intimidation tactics
- San Francisco Standard: OpenAI thinks its critics are funded by billionaires. Now it’s going after them
- San Francisco Standard: OpenAI targets another nonprofit in surging campaign against critics
- Breitbart: Nonprofits Claim Sam Altman’s OpenAI Is Using Legal Intimidation to Silence Criticism
- StartupNews: OpenAI thinks Elon Musk funded its biggest critics—who also hate Musk
- fundsforNGOs: Small Nonprofit Accuses OpenAI of Intimidation Tactics Over AI Safety Law
- The Zvi: OpenAI #15: More on OpenAI’s Paranoid Lawfare Against Advocates of SB 53
