Ohio abrió un expediente legislativo singular para tiempos insólitos: la Cámara estatal tramita la House Bill 469, una propuesta que busca declarar a los sistemas computacionales como entes no sintientes y, en consecuencia, negarles toda posibilidad de personalidad jurídica. La pieza central es una prohibición explícita de cualquier reconocimiento civil de un vínculo conyugal entre una persona y un sistema digital. El texto va más allá del rito. Si se aprobara, ningún programa podría ser considerado esposo o esposa, tampoco pareja de hecho, ni ostentar un estatus equivalente a la unión con un ser humano. Toda ceremonia simbólica quedaría en el terreno de lo simbólico, sin efectos legales.
El articulado acompaña la prohibición con candados adicionales. Los sistemas informáticos no podrían figurar como directores, gerentes o autoridades en una empresa. No podrían ser titulares de bienes, cuentas, activos digitales ni propiedad intelectual. No accederían a derechos patrimoniales ni sucesorios, ni a la representación en órganos societarios. El proyecto, impulsado por el representante estatal Thaddeus J. Claggett y derivado al Comité de Tecnología e Innovación a comienzos de octubre, se presenta como una línea gruesa en la arena: personas de un lado, software del otro. El estatus legislativo, por ahora, es el de documento “Introducido”, en análisis de comisión, con el lenguaje clave preservado en su versión oficial.
La iniciativa llega con una premisa clara. Si el ordenamiento solo reconoce a sujetos capaces de consentir, obligarse, heredar y responsabilizarse, un sistema algorítmico queda fuera de ese mapa. La propuesta no aparenta discutir la capacidad técnica de un modelo para simular afecto o conversación. Fija una categoría jurídica y anticipa escenarios conflictivos. Evita, por diseño, que un litigio futuro pretenda abrir una puerta por la vía de los hechos consumados, amparándose en contratos privados, testamentos o poderes firmados por un tercero humano en nombre de un sistema.
La chispa cultural que empuja la ley
Detrás de la letra parlamentaria hay un pulso cultural reconocible. En paralelo al auge de asistentes conversacionales y apps de compañía digital, se multiplicaron historias de usuarios que mantienen relaciones íntimas o románticas con chatbots. Varias encuestas recientes detectan ese corrimiento de la frontera emocional. Una medición divulgada en medios estadounidenses sitúa en torno a un tercio a los adultos que dicen haber tenido alguna relación sentimental o íntima con un software conversacional, aunque la intensidad de esos vínculos es heterogénea y mayormente virtual. El fenómeno se mueve entre la curiosidad tecnológica, la soledad contemporánea y un mercado que ofrece servicios personalizados a escala. La cultura pop tomó nota con relatos, podcasts y bodas simbólicas que no pasan por un registro civil. Las redes sociales registran ceremonias virtuales, votos escritos de un lado de la pantalla y respuestas generadas del otro.
La respuesta política en Ohio no surge en el vacío. El proyecto se presenta con un diagnóstico que mezcla prevención jurídica y un cálculo de reputación institucional. El objetivo declarado es evitar que un vacío normativo permita otorgar derechos de familia, beneficios fiscales o llaves patrimoniales a entidades automatizadas.
La tramitación coincide con un clima regulatorio fragmentado en Estados Unidos, donde cada estado prueba herramientas diferentes para cercar problemas emergentes: desde límites a la atribución de personalidad hasta nuevas figuras penales para contenidos falsos o dañinos producidos con técnicas generativas. En ese mosaico, Ohio intenta bloquear un caso de laboratorio antes de que cruce la puerta del tribunal.
Hay además un contexto técnico. El ecosistema digital produce textos, voces e imágenes de apariencia convincente. Un sistema puede recordar detalles de una conversación, modular un tono afectivo, sugerir rutinas de bienestar y responder con una cadencia que imita la escucha. Nada de eso equivale a agencia propia en términos jurídicos, aunque a escala subjetiva impacte como compañía. Los legisladores leen esa zona gris como una posible fuente de abuso contractual y disputas por representación.
El propuesta normativa, en su literalidad, busca disipar la confusión: sin cuerpo ni conciencia legalmente reconocida, no hay contrato válido que genere estado civil.
La discusión central no es tecnológica sino de ingeniería normativa. El derecho de familia estadounidense se apoya en la noción de dos personas capaces de consentir. Las oficinas estatales que emiten licencias de matrimonio no poseen, hoy, facultades para admitir entidades no humanas. No existe jurisprudencia que sostenga lo contrario. ¿Por qué, entonces, legislar ya?
La respuesta que circula en Columbus es que las categorías deben definirse a tiempo. La misma historia regulatoria lo sugiere. Cuando el software empezó a escribir libros enteros, la oficina de copyright recordó que la autoría exige intervención humana discernible. Cuando aparecieron imágenes íntimas falsas, el Congreso y varios estados tipificaron su circulación. La línea estratégica es predecible: cerrar la puerta antes de que alguien intente forzarla con una combinación de contratos privados, espectáculos mediáticos y un caso testigo.
La HB 469 introduce una arquitectura cerrada. Congela la cuestión del consentimiento al afirmar que los sistemas son no sintientes. Niega cualquier ruta alternativa para el reconocimiento por analogía. Desactiva atajos societarios al impedir que un programa figure como autoridad o propietario. Se reserva, además, la posibilidad de responsabilizar a personas y empresas por el uso y el control de esos sistemas, un punto que en la práctica desplaza los incentivos hacia los operadores humanos. Si un algoritmo no puede ser demandado ni sancionado, la única palanca efectiva es su responsable de hecho.
La táctica legislativa también es política. La medida envía una señal a un electorado que observa con inquietud el ritmo de la automatización. A la vez, dibuja un límite que otros estados podrían copiar o discutir. La novedad reside en el foco familiar, un terreno con fuerte carga simbólica. En vez de abordar solo sesgos, privacidad o seguridad infantil, Ohio coloca el matrimonio en el centro del tablero, uniendo prevención patrimonial con gestión de expectativas públicas.
Posibles efectos y preguntas abiertas
Si la ley avanza, el impacto inmediato será de claridad administrativa. Ningún registro civil podrá procesar solicitudes que involucren software. Notarios y jueces contarán con una base normativa para rechazar poderes que intenten equiparar a un programa con un cónyuge. Las empresas no podrán utilizar sistemas automatizados para ocupar cargos formales, una prohibición que sella la puerta a experimentos que licúen la responsabilidad. En la práctica corporativa, nada impide que un algoritmo recomiende, gestione tareas o coordine flujos. Lo prohibido sería vestirlo de persona jurídica.
La presión real aparecerá en los bordes. Los productos de compañía digital seguirán creciendo y diversificándose. Las ceremonias simbólicas no cesarán por una ley, del mismo modo que los juegos de rol en línea no se ajustan a códigos civiles. El punto de fricción probable serán las zonas donde lo simbólico roza lo material: testamentos que pretendan asignar bienes a un “cónyuge” virtual, disputas por acceso a historiales de conversación, intentos de usar un vínculo sentimental con un sistema como argumento para decisiones médicas o financieras. Ahí es donde la norma promete operar como muro de contención.
Queda una pregunta técnica que el proyecto elude a propósito. Si la categoría “no sintiente” es un ancla para el presente, su uso como etiqueta legal podría necesitar revisiones futuras. No porque hoy exista prueba de conciencia en sistemas estadísticos, sino porque el derecho cambia con nuevas capacidades verificables. El diseño institucional suele preferir definiciones que no dependan de hipótesis metafísicas y que se enfoquen en condiciones operativas. En este caso, la ruta elegida es tajante, lo que ofrece certeza a corto plazo y, quizá, rigidez en el largo.
La otra consecuencia será comparativa. Otros estados observarán la implementación y sus efectos. Si Ohio consigue claridad sin litigiosidad excesiva, la fórmula se volverá atractiva para replicar. Si, en cambio, surgen conflictos cruzados con normas federales o con libertades individuales no involucradas en el matrimonio, la conversación se desplazará de nuevo a Washington. El tablero nacional vive una tensión permanente entre uniformidad y experimentación.
El matrimonio entre una persona y un software no existe en la práctica legal, pero la política prevé el caso para anclar un principio más amplio: las herramientas avanzadas pueden ser útiles, nunca sujetos de derecho.
La escena cultural seguirá inquieta. Mientras se discute una norma, los relatos personales no se detienen. Quien dice sentirse acompañado por una voz sintética no está consultando códigos. Ese divorcio entre la experiencia y la ley no es nuevo. La diferencia, ahora, es la velocidad con la que una experiencia privada puede convertirse en un caso público. La propuesta de Ohio es una respuesta preventiva a esa aceleración. Toma el camino del freno institucional y lo hace en el lenguaje más claro que conoce el derecho civil: sin personalidad jurídica, no hay matrimonio.
La pregunta que abre el debate es sencilla y contundente. ¿Puede una oficina del Estado celebrar un matrimonio con una entidad que no puede consentir, responder por sus actos, poseer bienes o morir? La respuesta jurídica, hoy, es no en cualquier jurisdicción estadounidense. Ohio no inventa una prohibición ex nihilo. La formaliza, la vuelve explícita y bloquea atajos. Lo novedoso es el ángulo. Elige un símbolo cultural poderoso, coloca una estaca en el terreno y obliga a definir límites en voz alta.
Para sus promotores, es una maniobra de contención. Para sus críticos, un exceso de celo ante un problema que aún no tocó la puerta de los tribunales. Lo seguro es que el texto ya puso a hablar al país sobre qué somos y qué no son nuestras herramientas. El resto será trámite, votos y jurisprudencia.
Referencias
- Digital Trends. “Can a human marry an AI? A US state wants to draw the line already.” Por Varun Mirchandani, 13 de octubre de 2025. (Digital Trends)
- Ohio House of Representatives. HB 469, 136th General Assembly. Estado del proyecto y texto como “As Introduced”. (Ohio House of Representatives)
- Ohio Legislative Service. Texto oficial de HB 469, versión PDF “As Introduced”. Extractos sobre prohibición de matrimonio, cargos societarios y propiedad. (Solar API)
- Spectrum News 1 Ohio. Cobertura de la presentación y alcance de HB 469. (Spectrum News 1)
- Newsweek. Nota sobre la iniciativa y su encuadre en la discusión pública. (Newsweek)
- Gizmodo. Artículo con citas del texto que declaran nulos los intentos de “unión personal” con software. (Gizmodo)
- LegiScan. Ficha de HB 469 con cronología de acciones legislativas. (LegiScan)
- The Independent. Cobertura de una encuesta que reporta vínculos románticos con chatbots en la población adulta. (The Independent)
- The Guardian. Reportaje sobre ceremonias simbólicas y relaciones con apps de compañía. (The Guardian)
- The American Marriage Ministries. Análisis divulgativo sobre la inexistencia actual de base legal para “casarse con un chatbot” en Estados Unidos. (theamm.org)
